Juan Tello Vidal. Antropólogo forense

Una identidad para los muertos

El arqueólogo Juan Tello Vidal, posee vasta experiencia en organismos como el Tribunal Penal Internacional de la Antigua Yugoslavia - ICTY, la Oficina de Personas Desaparecidas y Ciencias Forenses de Kosovo - OMPF - UNMK. Es, además, vicepresidente del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), que trabajó mano a mano con la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
Por: Daniel Contreras M.

¿Cómo funciona y desde cuándo se practica la antropología forense en el Perú?

-Le explico: es una disciplina integrada a las ciencias forenses desde el último cuarto del siglo XX. Durante su proceso de formación se incorporaron los métodos y técnicas de la antropología física y la arqueología, relacionándose con la actividad forense en la investigación de cuerpos esqueletizados o en avanzada descomposición, recuperados en diversos escenarios bélicos después de la II Guerra Mundial. Estos métodos tuvieron como fin identificar los restos para tratar de devolverlos a sus familias. En nuestro país, uno de los primeros momentos en que se practicó fue con el caso La Cantuta (1992), donde intervinieron arqueólogos y antropólogos físicos del Museo Nacional de Arqueología y Antropología de Pueblo Libre.

¿Qué vino luego?

-Después de La Cantuta y algunos otros casos, la antropología forense perdió cierto peso en cuanto desarrollo e investigación. Por ello, varios de nosotros iniciamos trabajos para el Tribunal Penal Internacional de la antigua Yugoslavia, autocapacitándonos. Tras corregir los procedimientos, instauramos en el Perú los estándares que se manejan a nivel internacional aplicándolos en el caso de la toma de la Embajada de Japón.

¿La experiencia en Yugoslavia y en Perú le permite comparar grados de violencia?

-Si le contara los casos que hemos visto allá... en realidad -salvando las distancias- también hay un asunto de escalas. Otro ejemplo: uno de nuestros trabajos fue en Srebrenica, donde murieron alrededor de ocho mil quinientos (8,500) hombres en sólo tres días. Y más o menos ésa es la cifra que da la CVR de desaparecidos en el Perú después de quince a veinte años de conflicto, aparte de los aproximadamente sesenta mil (60,000) muertos. Eso puede dar una idea del tamaño y la escala de desaparición, muerte e intensidad del crimen en ambos lugares.

¿Cómo llegan a trabajar con la CVR?

-Tras el caso de la embajada de Japón, empezamos a apoyar las investigaciones de la CVR, pues teníamos cierta experiencia de trabajo en esta materia. Hicimos talleres de capacitación con la Defensoría del Pueblo, la Coordinadora de Derechos Humanos y el Ministerio Público. Esto permitió aplicar un procedimiento más ordenado y con mayor consistencia investigativa en casos de personas desaparecidas, como fue, por ejemplo, el del poblado de Chuschi en Ayacucho. Los cuerpos esqueletizados fueron ubicados en Sillaccasa, en enero de 2002: estaban enterrados en una fosa y algunos de ellos fueron lanzados al barranco.

Tras dos años de la entrega del informe final, ¿cuál es su balance?

-Las recomendaciones son sumamente interesantes y positivas, al representar un gran avance que nos permitió una lectura especial del país. Esperamos que en algún momento, todas, o una buena parte de ellas, se tomen en cuenta y se lleven a la práctica. El informe fue una fotografía, una síntesis del panorama, que -además- nos brindó alternativas para impulsar el desarrollo de la reconciliación, la reparación y el proceso de sanación que tan intensamente necesita el Perú.

(Boletín CCSM Nº 92. 29 agosto 2005)